La deuda en españa
Según los criterios establecidos por la OCDE, España entró en recesión a mediados de 200825. Desde entonces, ha conocido una sucesión de trimestres de contracción o de estancamiento del PIB. En tres años, el paro oficial se ha duplicado con creces, pasando de 1,76 millones durante el segundo trimestre de 2007 a 4,6 millones en el primer trimestre de 2010, afectando a cerca del 20% de la población activa. La recesión del sector de la construcción comenzó a mediados de 2006, y en el momento del estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense y del desencadenamiento, en agosto de 2007, de la crisis financiera de las subprime, el sector inmobiliario español se encontraba ya en plena crisis. La magnitud del impacto de su caída sobre el conjunto de la economía se debe al lugar extremadamente frágil que ocupa España en la perversa división internacional del trabajo
que se estableció entre los países miembros de la UE a partir del Acta Unica. El capitalismo español y los sucesivos gobiernos de Madrid escogieron el camino fácil y disfrutaron, durante un instante de éxito, de estima internacional y de los elevados beneficios de una «especialización ricardiana»: una agricultura intensiva de producción en masa y de baja calidad para los supermercados, y un turismo igualmente masivo, motor a su vez de una parte muy importante de la actividad del sector de la construcción y de sus ramificaciones. Los centros industriales (y bastiones de la clase obrera) del País Vasco y Asturias fueron destruidos. El empleo manufacturero se concentró principalmente en las filiales españolas de los grandes fabricantes de automóviles franceses y alemanes (Seat de Barcelona, creado por el Estado en cooperación con Fiat, se convirtió en 1996 en una filial de Volkswagen). La parte residencial del sector inmobiliario (apartamentos, casas) conoció un fuerte crecimiento bajo el efecto de la prosperidad ficticia, de leyes de liberalización del suelo (por ejemplo, una ley de «des-municipali- zación» de la propiedad urbana de 1998, que fue abolida parcialmente en 2007), y de reflejos patrimoniales particularmente fuertes. Según los economistas españoles, estos reflejos son en parte consecuencia de un grado muy débil de protección social de la vejez y del miedo a que se deteriore aún más.
Entre 1997 y 2005, la proporción del sector inmobiliario en relación al PIB pasó del 11% al 17%, y la del empleo del 9% al 14%. Dicho sector se benefició de una fracción elevada del crédito bancario, en detrimento de otros sectores de la economía. Por poner un solo ejemplo, los préstamos concedidos a los promotores inmobiliarios aumentaron un 40% durante el año culminante del boom (2005); las inversiones absorbidas por el sector inmobiliario (financiación de la promoción, de la construcción, de la actividad de los intermediarios y de la adquisición de viviendas) alcanzaron en ese año el 54% de las inversiones en el sector privado, frente al 40% de 1997. El sector absorbió igualmente una parte importante de las IDE, y atrajo importantes sumas de dinero negro para su blanqueo27. Entre 1997 y 2006, de 5,5 millones viviendas nuevas fueron puestas en circulación, mientras que durante el mismo periodo tan sólo se crearon 3,5 millones de nuevos hogares. Pese a ello, el precio no dejó de aumentar hasta 2006, de forma que los jóvenes y los inmigrantes no conseguían -y en 2011 siguen sin conseguir- encontrar una vivienda. Esto tiene su principal explicación en la particular estructura del mercado de la vivienda, en el que las residencias secundarias y turísticas suponen una parte importante: en 2004, las residencias secundarias representaban el 35,7% del stock total de viviendas, porcentaje que aumentaba hasta el 50% en ciertas regiones costeras (por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Valencia). Los propietarios no residentes incluyen particulares e inversores -individuos, empresas, fondos de inversión, fondos de pensiones- para los que la compra es (¡o era...!) una inversión financiera. Desde 2001, en estas regiones se construyeron más apartamentos o villas con objetivo rentista o especulativo que viviendas de residencia principal, contribuyendo a crear en la zona situaciones de fuerte presión inmobiliaria que pesan sobre el acceso a la vivienda.
En el segmento de viviendas para formación de hogares, la burbuja fue alimentada por prácticas bancarias inspiradas en el modelo estadounidense. «Los bancos inventaron nuevos y más arriesgados productos. Los créditos hipotecarios se alargaron: en 2007 el término medio era de veintisiete años, y entonces empezaron a aparecer préstamos a cuarenta o cincuenta años. Se autorizaba a los particulares a adquirir una vivienda sin aporte personal inicial. La aplastante mayoría de los créditos (98%) eran además de tipo de interés variable. Por todo ello, la deuda residencial de los españoles pasó del 23,9% del PIB en 1998 al 61,6% en 200728». Los promotores inmobiliarios y las empresas de la construcción se beneficiaron igualmente de una fortísima expansión del crédito. Los bancos financiaron las diferentes categorías de préstamos al sector pidiendo ellos mismos prestado en los mercados obligacionistas y a otros bancos extranjeros. Las cifras proporcionadas por McKinsey muestran que el endeudamiento privado total (empresas, hogares y bancos) pasó entre 2000 y 2009 del 130% al 210% del PIB29, y que el ratio agregado del endeudamiento español alcanzó el 366% del PIB30. En una tentativa para frenar la entrada de España en recesión, el gobierno de Zapatero acudió en 2007 en ayuda de los promotores: su deuda fue refinanciada por medio de una línea presupuestaria especial de 3.000 millones de euros, bajo condición de cesión en arrendamiento de las viviendas no vendidas. Se creó un régimen fiscal favorable para los fondos de inversión destinados al alquiler de bienes inmobiliarios, y el gobierno anunció también en 2007 la recompra de terrenos a los promotores durante los cuatro años siguientes, para construir en ellos entre 15.000 y 20.000 viviendas subvencionadas. Tal debía ser su contribución al plan de relanzamiento global establecido en el marco del G20 de Londres. Sin embargo, la crisis bancaria que comenzó a manifestarse en España a partir de 2009 marcó otra dirección.
El sistema bancario español es dual. Está compuesto por un lado por dos grandes bancos altamente internacionalizados, el Grupo Santander y el Banco Bilbao Vizcaya'Argentaria (BBVA), el primero de los cuales figura en buena posición en el «palmarés» mundial de los grupos bancarios31; y, por el otro, por media docena de bancos de actividad nacional (entre ellos, Banesto es el más conocido), y sobre todo por una miríada de cajas de ahorro, a menudo muy pequeñas. De estas últimas aún había 47 al comienzo de la crisis financiera. Todas ellas se habían embarcado en préstamos hipotecarios clásicos, y a petición de los gobiernos de las regiones autónomas o de los municipios habían concedido importantes préstamos a las empresas locales de la construcción. Hasta la fase de aguda crisis financiera de otoño de 2008, pudieron refinanciarse en los mercados de obligaciones y por medio de otros bancos europeos. Cuando esta clase de refinanciación se agotó, muchas de las cajas estuvieron cerca de la quiebra. Fue necesario que el gobierno de Zapatero organizase en marzo de 2009 el rescate de la más importante de ellas, la Caja Castilla La Mancha (9.000 millones de euros), así como el reflotamiento de CajaSur, controlada por la Iglesia Católica. Posteriormente, en junio de ese mismo año, bajo el impacto de la crisis de la deuda griega y del crecimiento del spread entre los tipos de interés alemanes y los de los países más afectados por la especulación, se vio forzado a comprometer 30.000 millones de euros en la creación de un bad bank. Este «fondo de reestructuración ordenada de los bancos» (FROB) puede conceder préstamos, comprar acciones o proceder a nacionalizaciones cuya duración máxima está establecida en cinco años. 11.000 millones de euros fueron canalizados de forma inmediata a las cajas, poco después de que el director del FMI dijese al gobierno que debía proceder a realizar un «cambio radical, ambicioso y profundo del mercado de trabajo español», y le obligase a votar una serie de medidas de austeridad que incluyesen un recorte inmediato del salario de los funcionarios de un 5% de media, una congelación de dichos salarios y de sus jubilaciones en 2011, así como la supresión de las ayudas a los nacimientos. Los Hedge Funds acogieron estas medidas como una incitación a intensificar sus ataques especulativos. A finales de junio de 2010, los tipos españoles sobre la deuda a diez años se aproximaron a los portugueses (que entonces fluctuaban en torno al 4,7%), mientras que la diferencia entre el rendimiento de los títulos españoles y los alemanes a diez años alcanzaba un «record histórico», posteriormente superado. El Estado español, y antes que él toda la población, se vieron «castigados por los mercados», los bancos, por su parte, se salvaron.